Cómo defenderse frente a un embargo tributario que afecta a un tercero ¿Qué ocurre cuando Hacienda embarga un bien que no debería? El procedimiento de apremio tributario es la vía que utiliza la Administración para cobrar deudas tributarias cuando no han sido pagadas en plazo. Es un procedimiento ejecutivo, administrativo y especialmente eficaz: una vez iniciado, Hacienda puede embargar bienes y derechos del deudor para hacerse cobro. Pero en la práctica puede suceder algo importante: que el embargo afecte a una persona que no es el deudor tributario. Por ejemplo, Hacienda puede embargar un vehículo, una cuenta bancaria, maquinaria, existencias, participaciones o incluso un inmueble que formalmente vincula al obligado tributario, pero que en realidad pertenece a un tercero. También puede ocurrir que un acreedor tenga un derecho preferente para cobrar antes que Hacienda sobre el producto obtenido con la venta del bien embargado. Para estos supuestos existen dos mecanismos específicos: la tercería de dominio y la tercería de mejor derecho . Su regulación básica se encuentra en el art. 165.3, 165.4 y 165.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , y su desarrollo reglamentario en los art. 117 a 122 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación . Qué es una tercería en el procedimiento de apremio tributario Una tercería es una reclamación formulada por un tercero cuando entiende que el embargo acordado por Hacienda perjudica indebidamente sus derechos. No sirve para discutir si la deuda tributaria existe, si la liquidación es correcta o si el deudor debía pagar. Para eso existen otros cauces de impugnación. La tercería tiene una finalidad más concreta: proteger al tercero frente a un embargo que afecta a bienes, derechos o créditos respecto de los cuales afirma tener una posición jurídica propia. La Ley General Tributaria distingue dos supuestos: Tercería de dominio , cuando el tercero sostiene que el bien o derecho embargado le pertenece. Tercería de mejor derecho , cuando el tercero no discute necesariamente la titularidad del bien, pero afirma que tiene derecho a cobrar antes que Hacienda. Tercería de dominio: cuando el bien embargado pertenece a un tercero La tercería de dominio se utiliza cuando Hacienda embarga un bien o derecho como si perteneciera al deudor tributario, pero un tercero afirma que el verdadero titular es él. La clave no está en discutir la deuda con Hacienda, sino en demostrar que el bien embargado no forma parte del patrimonio del deudor . Ejemplos habituales: Embargo de un vehículo que figura vinculado al deudor, pero fue vendido previamente a un tercero. Embargo de maquinaria o existencias que pertenecen a otra empresa. Embargo de una cuenta bancaria en la que los fondos corresponden a un tercero. Embargo de un inmueble cuya titularidad real o registral pertenece a persona distinta del obligado tributario. El art. 165.3 de la Ley General Tributaria prevé expresamente esta reclamación cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados. Tercería de mejor derecho: cuando el tercero pretende cobrar antes que Hacienda La tercería de mejor derecho tiene una lógica distinta.Aquí el tercero no dice necesariamente “ese bien es mío”. Lo que sostiene es: “con el dinero que se obtenga de ese bien, debo cobrar yo antes que Hacienda”. Por tanto, el debate no se centra en la propiedad del bien embargado, sino en la preferencia de cobro . Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando existe un acreedor hipotecario, prendario o titular de otro derecho real inscrito con anterioridad al derecho de Hacienda. El art. 77 de la Ley General Tributaria reconoce la prelación de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, pero exceptúa, entre otros, los supuestos de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito con anterioridad al derecho de la Hacienda Pública. A su vez, el art. 165.4 de la Ley General Tributaria regula la tercería de mejor derecho cuando un tercero pretende ser reintegrado de su crédito con preferencia a Hacienda. Diferencia entre tercería de dominio y tercería de mejor derecho En la tercería de dominio se discute de quién es el bien ; en la tercería de mejor derecho se discute quién cobra primero . Cuándo debe presentarse la tercería La tercería debe formularse cuando ya existe un procedimiento de apremio y se ha trabado embargo sobre bienes o derechos que afectan al tercero. No conviene esperar. En la tercería de dominio, la reclamación no se admite después de que, conforme a la legislación civil, se haya producido la transmisión del bien o derecho a un tercero adquirente en el procedimiento de enajenación o a la Hacienda Pública por adjudicación en pago. En la tercería de mejor derecho, tampoco se admite después de haberse percibido el precio de la venta forzosa o, en caso de adjudicación al ejecutante, después de que este adquiera la titularidad conforme a la legislación civil. Estas reglas resultan del régimen reglamentario de las tercerías en el procedimiento de apremio, previsto en los artículos 117 a 122 del Reglamento General de Recaudación . En términos prácticos: si el tercero espera a que la subasta, adjudicación o realización del bien esté muy avanzada, puede quedarse sin margen real de defensa. Cómo se presenta una tercería ante Hacienda La reclamación debe presentarse por escrito ante el órgano que esté tramitando el procedimiento de apremio. Después será remitida al órgano competente para su tramitación y resolución. El escrito debe acompañarse de un principio de prueba por escrito . Esta exigencia es esencial: no basta con afirmar que el bien pertenece al tercero o que existe un crédito preferente. Efectos de la tercería de dominio La tercería de dominio tiene un efecto especialmente importante: una vez admitida, se adoptan las medidas de aseguramiento procedentes y después se suspende el procedimiento de apremio respecto de los bienes o derechos discutidos. Así lo establece el art. 165.5 de la Ley General Tributaria , que distingue expresamente entre los efectos de la tercería de dominio y los de la tercería de mejor derecho. La suspensión no afecta necesariamente a todo el procedimiento de apremio. Hacienda puede continuar contra otros bienes o derechos del deudor que no sean objeto de la tercería. En función del bien afectado, pueden acordarse medidas como la anotación preventiva del embargo, el depósito del bien, la consignación de cantidades o la retención de saldos. Efectos de la tercería de mejor derecho En la tercería de mejor derecho la regla es distinta. El procedimiento de apremio continúa hasta la realización de los bienes. Sin embargo, el producto obtenido queda consignado en depósito hasta que se resuelva quién tiene preferencia para cobrar ( art. 165.5 de la Ley General Tributaria) . Por tanto, en la tercería de mejor derecho no se paraliza de entrada la ejecución sobre el bien. Lo que queda pendiente es el destino del dinero obtenido. El Reglamento General de Recaudación permite, no obstante, determinados supuestos de suspensión si el tercerista consigna cantidad suficiente para cubrir la deuda, intereses, recargos y costas, o el valor del bien si este fuera inferior. Tramitación administrativa de la tercería La tercería administrativa es un trámite previo antes de acudir a la vía civil. El Reglamento General de Recaudación , en los art. 117 a 122 , regula el carácter previo de la reclamación administrativa, su presentación, sus efectos, la tramitación, la resolución y las consecuencias posteriores. Una vez admitida la reclamación, debe formarse expediente, incorporarse la documentación presentada y recabarse informe jurídico cuando proceda. La resolución debe notificarse en el plazo legalmente previsto. Si no se notifica en plazo, la reclamación puede entenderse desestimada a efectos de formular la correspondiente demanda judicial. Esto significa que la tercería administrativa no debe tratarse como un trámite menor. Puede ser la antesala de un procedimiento civil y debe prepararse desde el principio con esa perspectiva. Qué ocurre si Hacienda estima la tercería Si Hacienda estima una tercería de dominio, debe levantarse el embargo sobre los bienes o derechos afectados. Si el bien ya hubiera sido enajenado porque no podía conservarse sin deterioro o pérdida sustancial de valor, procede entregar al reclamante el producto obtenido, con los intereses que correspondan. Si se estima una tercería de mejor derecho, se entrega al tercerista el producto obtenido con la ejecución, una vez deducidos los costes necesarios para su realización dentro del procedimiento administrativo de apremio. Estas consecuencias se encuadran en la regulación de los art. 119 a 122 del Reglamento General de Recaudación . Qué ocurre si Hacienda desestima la tercería Si la Administración desestima la tercería, el tercero puede acudir a la vía civil. Además, si transcurren 10 días desde la notificación de la resolución administrativa y no se acredita documentalmente la interposición de la demanda judicial, continuarán los trámites del procedimiento de apremio que hubieran quedado suspendidos. Este punto es crítico. Una desestimación administrativa no agota necesariamente la defensa del tercero, pero exige una reacción rápida y jurídicamente bien planteada. Las tercerías de dominio y de mejor derecho son instrumentos esenciales para proteger a terceros afectados por embargos tributarios. La tercería de dominio sirve para defender que el bien embargado no pertenece al deudor tributario. La tercería de mejor derecho permite reclamar una preferencia de cobro frente a Hacienda. En ambos casos, la rapidez es decisiva. También lo es la prueba documental. No basta con tener razón materialmente: hay que poder acreditarlo ante la Administración y, si es necesario, ante los tribunales civiles. Cuando Hacienda embarga un bien o derecho que afecta a un tercero, conviene actuar de inmediato, analizar la naturaleza del derecho afectado y preparar una reclamación técnicamente sólida desde el primer escrito. En el despacho estudiamos embargos tributarios, tercerías de dominio y tercerías de mejor derecho para valorar la viabilidad de la reclamación y diseñar la estrategia de defensa más adecuada en cada caso. No dude en contactar.

8 de mayo de 2026 Una situación frecuente en empresas y empresarios es que llegue la fecha límite para hacer la trimestral del IVA (Modelo 303) y no se disponga de liquidez para abonar la cuota a ingresar. El problema suele aparecer cuando el IVA se ha repercutido pero el cliente no lo ha abonado. Resulta que la deuda de IVA existe aunque el cliente no pague. En régimen general, el IVA se devenga cuando se realiza la entrega de bienes o prestación de servicios, no necesariamente cuando se cobra; art. 75.Uno Ley 37/1992, del IVA. Por tanto, si se emitió factura y el IVA se devengó, la empresa debe incluirlo en la autoliquidación del trimestre correspondiente, aunque el cliente no haya pagado. Es error habitual pensar que presentando la liquidación ya se soluciona el problema. Presentar y pagar son obligaciones distintas. Si se presenta la autoliquidación, pero no se ingresa la deuda, se está incumpliendo la obligación de pago y se inicia el período ejecutivo, que puede tener consecuencias relevantes. ¿Qué es el período ejecutivo y cuándo empieza? Es el período temporal para pagar las deudas posterior al período voluntario y comienza automáticamente al día siguiente de finalizar el plazo de ingreso. Así resulta del art. 161.1.b) LGT, que establece el inicio del período ejecutivo en las deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin ingreso cuando finalice el plazo reglamentario de ingreso. Así pues, si una empresa presenta el IVA trimestral dentro de plazo, pero no lo paga, la deuda no desaparece ni queda “pendiente sin consecuencias”. Finalizado el plazo, puede iniciarse el período ejecutivo. Cómo veremos más adelante, es posible evitarlo. ¿Qué consecuencias tiene que se inicie el período ejecutivo? Que la Administración tributaria puede emplear medios coactivos para cobrar la deuda. El principal e inmediato son los recargos del período ejecutivo, regulados en el art. 28 LGT. Existen tres escenarios: a) Pago antes de recibir la providencia de apremio Si la empresa paga la deuda antes de recibir la providencia de apremio, que es el acto administrativo que requiere el pago, se aplica el recargo ejecutivo del 5 %; art. 28.2 LGT. En este caso no se exigen intereses de demora ni costas. b) Pago tras recibir la providencia de apremio, dentro del plazo concedido Si la empresa paga la deuda y el recargo dentro del plazo del art. 62.5 LGT, se aplica el recargo de apremio reducido del 10 %; art. 28.3 LGT. Tampoco se exigen intereses de demora ni costas. c) Falta de pago tras la providencia de apremio Si no se paga dentro de ese plazo, se aplica el recargo de apremio ordinario del 20 %; art. 28.4 LGT. En este supuesto, además, se exigen intereses de demora y, en su caso, costas del procedimiento. Además, ante este impago la Administración tributaria puede iniciar embargos (de cuentas bancarias, de bienes muebles, inmuebles, etc). ¿Qué debe hacer la empresa si sabe que no podrá pagar y quiere evitar las consecuencias de la ejecución de la deuda? La opción más prudente es solicitar un APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO antes de que finalice el período voluntario. El art. 65.1 LGT permite aplazar o fraccionar deudas tributarias cuando la situación económico-financiera del obligado le impida transitoriamente efectuar el pago en los plazos establecidos. La solicitud presentada en período voluntario impide el inicio del período ejecutivo mientras se tramita; art. 65.5 LGT. Esto es esencial: si se actúa antes del vencimiento, se evita, al menos inicialmente, la entrada en ejecutivo y los recargos del art. 28 LGT. El art. 65.2.f) LGT en principio no permite aplazar deudas derivadas de tributos repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Para demostrar este impago, pueden ser útiles las facturas pendientes de cobro, los extractos bancarios, las reclamaciones de pago efectuadas por ejemplo. Es importante que la empresa solicite el fraccionamiento o aplazamiento y, si la Administración lo concede, que lo cumpla, aunque el cliente siga sin pagar. ¿Es necesario aportar garantía? Depende del importe. El art. 82 LGT regula las garantías en aplazamientos y fraccionamientos. Con carácter general, la Administración puede exigir aval solidario, certificado de seguro de caución, hipoteca, prenda u otra garantía suficiente. No obstante, para determinadas solicitudes gestionadas por la AEAT, la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, elevó a 50.000 euros el límite exento de aportar garantías. Si se supera ese límite, habrá que analizar la garantía disponible o la posibilidad de solicitar dispensa en los términos legalmente previstos. ¿Qué ocurre si finalmente, el cliente no paga? Se ha presentado la trimestral del IVA, se ha solicitado el aplazamiento o fraccionamiento, la empresa lo está cumpliendo, pero, finalmente, el cliente no paga. Si el cliente definitivamente no paga, debe valorarse la modificación de la base imponible. Cuando el crédito resulte incobrable, la empresa puede intentar recuperar el IVA repercutido mediante la modificación de la base imponible por créditos incobrables, regulada en el art. 80. Cuatro Ley 37/1992, del IVA. La rectificación no es automática: exige cumplir escrupulosamente los requisitos y plazos del art. 80. Cuatro LIVA y del art. 24 Real Decreto 1624/1992, Reglamento del IVA. Conclusión La falta de tesorería no elimina la obligación de pago ni paraliza automáticamente la recaudación. Si una empresa presenta una autoliquidación, pero no ingresa la deuda, puede entrar en período ejecutivo y soportar recargos, intereses y embargos. La actuación correcta es anticiparse. Si no se puede pagar, debe analizarse la deuda, comprobar si es aplazable y solicitar un aplazamiento o fraccionamiento antes del vencimiento. La regla práctica es clara: presentar sin pagar puede evitar un incumplimiento formal, pero no evita la deuda. Presentar, solicitar aplazamiento en plazo y documentar la falta de liquidez es la estrategia más segura.

1 de diciembre de 2.025 Vender a través de Amazon parece una gran oportunidad para emprender online: te permite llegar a miles de clientes sin tener que montar tu propia tienda ni preocuparte por la logística. Pero una vez das el paso, te das cuenta de que no es tan sencillo: aparecen conceptos fiscales desconocidos, diferentes tipos de modelos de venta y obligaciones con Hacienda que no tenías previstas. Este artículo te ayuda a entender cómo funciona la venta en Amazon desde el punto de vista fiscal , para que puedas tomar decisiones estratégicas desde el inicio y no te lleves sorpresas. 1. ¿Qué tipo de vendedor eres en Amazon? Lo primero que debes saber es que no todos los vendedores en Amazon son iguales. A nivel fiscal, es muy importante identificar tu rol real en la cadena de venta, ya que no siempre estás vendiendo directamente al cliente final, aunque lo parezca. Podrías encontrarte en una de estas dos situaciones: - Vendedor directo (modelo Seller) En este caso, tú eres el titular de la tienda en Amazon y vendes directamente al consumidor final. Tú estableces el precio del producto, gestionas el stock (aunque esté en un almacén de Amazon) y Amazon actúa como intermediario. Puedes usar FBA (Fulfillment by Amazon) o gestionar tú mismo los envíos. Consecuencias fiscales: Estás realizando una entrega de bienes directamente al consumidor. Tú emites la factura, aunque en muchos casos Amazon automatiza el proceso. Debes estar dado de alta como autónomo o empresa. Si vendes en otros países de la UE, puedes tener obligaciones de IVA en esos países, aunque el sistema OSS puede ayudarte a simplificarlo. - Comisionista (modelo Vendor o dropshipping interno de Amazon) En este otro escenario, Amazon es quien realiza la venta al consumidor final. Tú actúas como proveedor: le vendes los productos a Amazon, y luego Amazon los revende. Consecuencias fiscales: Tú no vendes al consumidor final, sino a Amazon. Tu cliente es Amazon, no la persona que compra en la plataforma. Se considera una entrega de bienes a un empresario, por lo que las reglas fiscales son distintas. No aplicas el IVA como si vendieras al consumidor final (en muchos casos se trata de una operación intracomunitaria). Conclusión clave : Aunque estés vendiendo en Amazon, tu rol fiscal no depende solo de la plataforma, sino de cómo está configurada tu relación comercial con Amazon. Esto afecta directamente a tu facturación, tus obligaciones de IVA y cómo debes declarar tus ingresos. 2. ¿Qué impuestos debes tener en cuenta si vendes por Amazon? Al vender por Amazon desde España, hay dos grandes bloques fiscales que debes entender: IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) Si vendes directamente a consumidores en España, debes aplicar el 21% de IVA y declararlo trimestralmente. Si vendes a otros países de la UE, y superas el umbral de 10.000 €/año, deberás aplicar el IVA del país del cliente. Para evitar darte de alta en cada país, puedes usar el sistema OSS. Si tu cliente es Amazon (modelo Vendor), puede que la operación esté exenta de IVA como entrega intracomunitaria, dependiendo de dónde esté la sede de Amazon que te compra. IRPF o Impuesto de Sociedades Si eres autónomo, tributarás tus beneficios en tu declaración del IRPF. Si tienes una sociedad, pagarás el Impuesto de Sociedades. En ambos casos, debes llevar una contabilidad ordenada y registrar todas las operaciones. 3. ¿Cómo debes emitir las facturas? La factura dependerá de tu modelo de relación con Amazon: Si vendes al consumidor final, tú eres el emisor de la factura. Puedes usar el sistema automático de Amazon o uno propio. Si vendes a Amazon, emites una factura a nombre de Amazon, como harías con cualquier empresa cliente. Es importante incluir todos los datos fiscales correctamente y conservar las facturas de compra y venta. ⚠️ Atención: Muchos emprendedores creen que al vender por Amazon, no necesitan facturar... pero Hacienda no lo ve así. Aunque Amazon no te exija la emisión manual de facturas, debes tener los registros contables y declaraciones al día. 4. ¿Y si almacenas tus productos en otros países? Amazon suele mover tus productos a almacenes en Alemania, Francia o Italia para optimizar los envíos. Esto puede tener implicaciones fiscales importantes: Podrías estar creando un establecimiento permanente en esos países si el stock permanece allí regularmente. Tendrás que darte de alta a efectos de IVA en cada país donde almacenes, salvo que uses el régimen especial de OSS o IOSS. Deberás presentar declaraciones de IVA adicionales si vendes desde almacenes situados en otros países. 💡 Consejo : Antes de permitir que Amazon mueva tu inventario a otros países, consulta con un asesor fiscal para evitar sanciones o duplicidades. 5. ¿Cómo evitar errores comunes al vender por Amazon? Aquí van algunos errores típicos que puedes evitar desde el principio: No registrarte como autónomo pensando que Amazon “ya lo hace por ti” No aplicar el IVA correctamente en ventas internacionales Confundir tu rol fiscal (vendedor directo vs comisionista) No declarar los ingresos obtenidos por ventas en el extranjero Ignorar las implicaciones del almacenamiento en otros países Conclusión: Amazon puede ser tu trampolín, pero necesitas estrategia fiscal Vender en Amazon puede acelerar el crecimiento de tu negocio, pero no es un camino automático ni exento de obligaciones. Entender cómo se estructura tu modelo de venta y qué implicaciones fiscales tiene es clave para no cometer errores y aprovechar al máximo esta vía de ingresos. Un buen asesoramiento desde el inicio te ahorrará tiempo, sustos y dinero. No se trata solo de cumplir con Hacienda, sino de construir un negocio digital sólido, legal y escalable.

Empezar un negocio digital como coach, terapeuta, formador, consultor, o profesional freelance es una aventura emocionante. Ya tienes una marca personal, una web con tus servicios, y estás atrayendo clientes... ¡incluso desde otros países! Pero hay una pregunta que tarde o temprano te harás: ¿qué pasa con el IVA cuando vendo servicios online? Este artículo te explica de forma sencilla y directa cómo funciona el IVA en los servicios digitales, especialmente cuando vendes a clientes en distintos países. No necesitas ser experto en fiscalidad, pero sí entender algunas reglas básicas para evitar sorpresas y poder seguir creciendo con seguridad. 1. ¿Qué se considera “servicio online”? Cuando hablamos de servicios online, es fácil pensar que todo lo que se hace por internet entra en la misma categoría fiscal. Pero no es así. Para Hacienda y para la normativa europea, no todos los servicios digitales son iguales, y es importante entender la diferencia, porque afecta a cómo aplicas el IVA. Hay dos tipos principales de servicios prestados a distancia : a) Servicios prestados por vía electrónica : Son aquellos que se entregan, reciben y consumen completamente online sin intervención humana directa por parte del prestador. Por ejemplo: Cursos grabados en una plataforma Descarga automática de ebooks o software Suscripciones digitales (como apps, membresías, etc.) Estos servicios tienen un tratamiento fiscal específico y siguen reglas especiales de IVA dentro y fuera de la UE. b) Servicios prestados por medios electrónicos pero con interacción personal : Aquí entra una gran parte de los negocios de coaches, consultores, terapeutas o formadores. Son servicios ofrecidos a través de internet (como Zoom, Meet, email o WhatsApp), pero donde hay contacto directo con el cliente . Ejemplos: Una sesión de coaching en videollamada Una tutoría personalizada Asesorías a medida por correo o chat Aunque se presten online, no se consideran “servicios electrónicos” a efectos fiscales , sino servicios tradicionales prestados a distancia. Esto implica reglas distintas de IVA que dependen de la localización del cliente y de si es empresa o particular. Conclusión : Antes de decidir si debes aplicar IVA (y de qué país), debes identificar claramente qué tipo de servicio estás prestando . Esto marcará la diferencia en cómo facturas y declaras tus impuestos. 2. ¿Tengo que aplicar IVA a mis servicios? Depende de: El tipo de cliente (empresa o particular) Su localización (España, UE o fuera de la UE) El tipo de servicio (electrónico automatizado o con intervención personal) Aquí tienes un resumen simplificado: La aplicación del IVA a tus servicios online depende principalmente de tres factores clave : Si tu cliente es una empresa o un particular Dónde se encuentra ese cliente (España, Unión Europea o fuera de la UE) El tipo de servicio que prestas: automatizado o con intervención personal A continuación, te explico las situaciones más comunes: 1. Si vendes a particulares en España: Tanto si tu servicio es automatizado (por ejemplo, un curso grabado) como si es personalizado (una sesión en Zoom), debes aplicar IVA español , normalmente al 21%. Se trata de una venta nacional y debes facturar como cualquier autónomo en España. 2. Si vendes a empresas españolas: También debes aplicar el IVA español . En este caso, la operación sigue siendo nacional y no hay diferencias entre servicios electrónicos o personalizados. 3. Si vendes a empresas de otro país de la Unión Europea (UE): Aquí entra en juego la regla de la “inversión del sujeto pasivo” . Si el cliente es una empresa que está correctamente registrada con un NIF-IVA europeo (puedes verificarlo en el sistema VIES), entonces no aplicas IVA en tu factura . En su lugar, indicas que es una operación exenta y es el cliente quien debe declarar ese IVA en su país. 4. Si vendes servicios electrónicos (automatizados) a particulares de la UE: En este caso, debes aplicar el IVA del país donde está el cliente . Y si tus ventas a particulares en otros países de la UE superan los 10.000 euros al año , ya no puedes aplicar el IVA español y tendrás que usar el sistema OSS (One Stop Shop) para declarar ese IVA extranjero desde España. 5. Si vendes servicios personalizados a particulares de la UE: Aunque el cliente esté en otro país europeo, si el servicio es personalizado (por ejemplo, una mentoría individual o una consulta por videollamada), debes seguir aplicando el IVA español , ya que la normativa considera que el servicio se ha prestado desde España. 6. Si vendes a cualquier cliente (particular o empresa) fuera de la Unión Europea: Tus servicios estarán exentos de IVA , independientemente de si son electrónicos o personalizados. Eso sí, deberás poder justificar esta exención mediante documentación adecuada: lugar de residencia del cliente, comprobante de pago, evidencia de la prestación del servicio, etc. 3. ¿Qué es el OSS y cuándo debes usarlo? El OSS (One Stop Shop) es el sistema de ventanilla única de la Agencia Tributaria que te permite declarar el IVA de tus ventas digitales a consumidores de otros países de la UE sin tener que registrarte fiscalmente en cada país . Solo se aplica a servicios electrónicos automatizados (como cursos grabados) cuando vendes a particulares de la UE. ¿Cuándo entra en juego? Cuando superas los 10.000 euros anuales en ventas a particulares de la UE , ya no puedes aplicar el IVA español, sino el de cada país del cliente. El OSS te facilita la gestión para no tener que hacerlo país por país. 🚫 Si tus servicios son personalizados (aunque uses internet), no entra en juego el OSS : sigues aplicando el IVA español, salvo que el cliente sea empresa. 4. ¿Y si vendo a clientes de fuera de la UE? En este caso, tus servicios —tanto electrónicos como personalizados— ya hemos comentado que están exentos de IVA . Pero cuidado: Hacienda puede pedírtelo todo documentado. Para justificar la exención, necesitas guardar pruebas como: Dirección del cliente (contrato, datos de facturación) Prueba de pago (Stripe, PayPal, transferencia) Evidencias de que el servicio fue prestado online (email, grabaciones, plataforma) 💡 Consejo : Aunque no se facture con IVA, estas operaciones deben incluirse en tu contabilidad y, en algunos casos, en modelos informativos . 5. ¿Cómo debo facturar correctamente? Una buena factura es clave para tu imagen profesional y para estar cubierto frente a Hacienda. Asegúrate de incluir: Tus datos fiscales y los del cliente Número de factura, fecha y concepto Tipo de servicio prestado Importe IVA aplicado (o exención justificada) 🔍 Ejemplos de notas en factura : Si se aplica inversión del sujeto pasivo: “Operación intracomunitaria exenta según art. 196 de la Directiva 2006/112/CE” Si está exento por cliente fuera de la UE: “Operación no sujeta a IVA por aplicación del artículo 69 LIVA (cliente no comunitario)” 6. ¿Qué hacer si ya lo estoy haciendo mal? Tranquilo, es muy común equivocarse al principio. Lo importante es actuar cuanto antes: Puedes emitir facturas rectificativas si facturaste con el IVA incorrecto. Si declaraste mal, puedes corregirlo en el siguiente trimestre o regularizar la situación con ayuda profesional . 💬 Consejo final : cuanto antes detectes el error, más fácil será corregirlo sin sanciones. Y si necesitas ayuda, cuenta con nuestro despacho. 7. Conclusión Cumplir con el IVA te ayuda a escalar sin miedo. Vender servicios por internet te da libertad, pero también responsabilidad. Entender cómo funciona el IVA —según el tipo de servicio y el país del cliente— es clave para crecer de forma legal, segura y profesional. Y recuerda: no necesitas ser experto en fiscalidad , pero sí tener claras unas cuantas reglas básicas. Así podrás dedicarte a lo que de verdad importa: ofrecer valor, impactar con tu trabajo y construir un negocio sólido. 

Introducción Los trabajadores en España tienen reconocido el derecho y el deber de trabajar. El art. 35 CE, ubicado en el Capítulo dedicado a los derechos y libertades dice expresamente: “1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La Ley regulará un Estatuto de los Trabajadores.” El Estatuto de los Trabajadoes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es la principal norma que regula los derechos y deberes de los trabajadores en España. A lo largo de sus artículos, se detallan las bases sobre las que se asienta la relación laboral, desde el acceso al empleo hasta la finalización del contrato. Este artículo ofrece una visión general sobre cuáles son los derechos más importantes de los empleados y qué deberes deben cumplir en el marco de su relación laboral. Derechos básicos de los trabajadores El art. 4 del Estatuto de los Trabajadores recoge un conjunto de derechos laborales que todo trabajador en España tiene garantizados. Entre los más relevantes, destacan: Derecho al trabajo y libre elección de profesión u oficio Los trabajadores tienen el derecho a acceder libremente a una ocupación o profesión de su elección. Las empresas, por su parte, no pueden imponer condiciones que limiten o vulneren la libertad de elegir un empleo, excepto aquellas establecidas por la ley ( por ejemplo, restricciones de edad o cualificación para ciertas profesiones). 2. Derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo Este derecho implica que el trabajador debe tener oportunidades para mejorar sus competencias profesionales dentro de la empresa, tanto a través de promociones internas como de formación continua. Las empresas tienen el deber de facilitar la formación y garantizar la igualdad en las oportunidades de promoción, evitando discriminaciones de género, edad, raza o discapacidad. 3. Derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene El derecho a la seguridad en el trabajo significa que los empleadores deben adoptar las medidas necesarias para garantiza un entorno de trabajo seguro, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad para la empresa, tanto en términos de sanciones como de posibles indemnizaciones a los trabajadores afectados. 4. Derecho a percibir la remuneración pactada o legalmente establecida Los trabajadores deben recibir su salario conforme a lo pactado en el contrato y, en su defecto, conforme a lo estipulado en los convenios colectivos aplicables o en la legislación vigente. El salario debe abonarse en las fechas acordadas, y su impago puede derivar en sanciones para la empresa o incluso justificar el cese del trabajaor con derecho a indemnización (resolución voluntaria del contrato por impago del salario). Deberes básicos de los trabajadores Además de los derechos, los trabajadores están sujetos a una serie de deberes recogidos en el art. 5 del Estatuto de los Trabajadores; estos deberes aseguran el correcto desarrollo de la relación laboral y la protección de los intereses de la empresa. Entre los más importantes: Cumplimiento de las obligaciones laborales con diligencia y buena fe El trabajador debe desempeñar sus funciones de manera responsable, cumpliendo con los objetivos asignados y ajustándose a las órdenes recibidas de sus superiores, siempre y cuando estas sean lícitas y no vulneren sus derechos. La falta de diligencia o el incumplimiento reiterado de las tareas puede justificar sanciones o incluso el despido disciplinario. 2. Observar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo El trabajador debe seguir las indicaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y colaborar activamente en la creación de un entorno seguro, informado de posibles riesgos y utilizando los equipos de protección facilitados. 3. Cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas Dentro de los límites de la ley y del contrato, el empleador tiene la facultad de dirigir el trabajo de sus empleados, y estos deben acatar sus órdenes. No obstante, los trabajadores pueden negaerse a cumplir órdenes que contravengan sus derechos o la ley (por ejemplo, la exigencia de trabajar horas extra sin compensación). Conclusión Tener un conocimiento de los derechos y deberes laborales no solo es útil para los trabajadores, sino también para los empleadores que deseen garantizar una gestión laboral eficaz y conforme a la normativa. El equilibrio entre derechos y obligaciones es clave para evitar conflictos y mantener un ambiente laboral productivo y justo.

REDUCCIÓN DE JORNADA Y AUMENTO DEL SMI: LO QUE DEBE SABER DE LA REFORMA LABORAL DE 2024 Introducción La Reforma Laboral de 2024 en España ha introducido dos cambios significativos: la reducción progresiva de la jornada laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estos cambios buscan mejorar las condiciones laborales y el bienestar económico de los trabajadores, manteniendo al mismo tiempo la competitividad empresarial. En este artículo, te explicamos ambos aspectos de manera clara y detallada. 1. Reducción progresiva de la Jornada Laboral. Una de las novedades más destacadas y debatidos es la reducción de la jornada laboral máxima permitida. El Real Decreto Ley 2/2024 ha iniciado un proceso de reducción que busca pasar de la jornada estándar de 40 horas semanales a una jornada de 38,5 horas en 2024, con la proyección de reducirla a 37,5 horas en 2025. Esta medida responde a las demandas de los sindicatos y a la necesidad de equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores sin afectar su salario. Impacto en las empresas Por otro lado, las empresas deberán reorganizar los turnos y la distribución del trabajo para cumplir con la nueva normativa. 2. Aumento del Salario Mínimo Interprofesional. Otro aspecto clave de la reforma es el aumento del Salario Mínimo Interprofesional. En 2024, el SMI se ha incrementado un 5%, situándose en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 15.876 euros anuales y, si las pagas extraordinarias están prorrateadas a 1.323 euros en 12 pagas. Esta subida, regulada por el Real Decreto 145/2024, tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. El SMI es una herramienta clave para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, afectando principalmente a sectores como el de servicios y a colectivos vulnerables como los jóvenes y los empleados temporales. Además, este incremento también influye en aspectos como los subsidios por desempleo, dado que el SMI se utiliza como referencia para determinar el límite de rentas a la hora de acceder a ciertos subsidios. Impacto en las empresas Por otro lado, aunque este aumento busca reducir la pobreza laboral y fomentar el consumo, va a suponer grandes retos para las empresas, especialmente las pequeñas, debido al aumento de los costes laborales. Conclusiones La Reforma Laboral de 2024 trae consigo cambios importantes que buscan modernizar el mercado laboral español, mejorando las condiciones de los trabajadores. La reducción de la jornada laboral permitirá un mejor equilibrio entre el trabajo y vida personal, lo que debería aumentar la productividad. Al mismo tiempo, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 1.134 euros mensuales refuerza la capacidad adquisitiva de los trabajadores, especialmente en los sectores de menores ingresos y aunque va a suponer un reto para las empresas también debería beneficiarlas a largo plazo con un aumento de la sostenibilidad y competitividad.

8 de marzo de 2024 El Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 28 de febrero de 2024, reconoce que puede exigirse la devolución de la plusvalía en ventas sin ganancia, incluso si la liquidación ya es firme. 1.- El contexto La Plusvalía municipal o Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ha sido durante años objeto de controversia y litigio. Este impuesto, destinado a gravar la revalorización de los terrenos urbanos en el momento de su venta, no contemplaba hasta recientemente la situación en que dicha venta no generase beneficios para el vendedor. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 marcó un antes y un después, al establecer que no se podía exigir el impuesto en ausencia de incremento de valor, porque vulneraban el principio de capacidad económica y prohibición de la confiscatoriedad. Sin embargo, la aplicación práctica de esta doctrina enfrentaba limitaciones, especialmente en casos de liquidación firmes, donde no se había impugnado la liquidación en plazo y, por tanto, se consideraba consentida y definitiva. Pues el Tribunal Supremo ha venido a modificar este escenario. 2.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 28/02/2024: Nuevo criterio La clave del cambio radica en que ahora se permite la devolución del Impuesto incluso cuando la liquidación es firme, es decir, cuando ya no cabe recurso alguno contra la liquidación practicada por el Ayuntamiento correspondiente. Anteriormente, una vez que la liquidación del impuesto se consideraba firme, era muy complicado impugnarla. Sin embargo, con esta nueva Sentencia, el Tribunal Supremo abre la puerta a que los contribuyentes puedan solicitar la devolución del impuesto pagado de más y sus correspondientes intereses, a través del procedimiento especial de revisión de actos nulos de pleno derecho previsto en la Ley General Tributaria, en aquellos casos en los que no se obtuvieron ganancias por la operación de venta del inmueble. El Tribunal Supremo ha interpretado que, dadas las circunstancias especiales derivadas de la aplicación de una normativa posteriormente declarada inconstitucional, estas liquidaciones pueden considerarse nulas de pleno derecho. Este cambio, no solo afecta a futuras transacciones, sino que también permite revisar las anteriores abriendo la puerta a la recuperación de cantidades indebidamente abonadas. 3.- ¿Cómo proceder? Pasos para reclamar Para aquellos contribuyentes que consideren que tienen derecho a la devolución del impuesto pagado por plusvalía municipal, es crucial iniciar el procedimiento de revisión lo antes posible. El primer paso es presentar la solicitud de Revisión de acto nulo de pleno derecho ante el Ayuntamiento correspondiente, basándose en la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es recomendable acompañar esta solicitud con toda la documentación que acredite la ausencia de incremento de valor en el momento de la venta, así como el detalle del impuesto abonado. Si usted se encentra en esta situación o si tiene dudas sobre cómo esta reciente Sentencia puede afectar a su caso particular, no dude en contactar con el despacho; encontrará asesoramiento y guía en el proceso de reclamación.

Si como trabajador se enfrenta a la falta de pago de sus salarios o a un despido y su empleador es declarado insolvente o en concurso de acreedores, no todo está perdido, existe el FOGASA, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago en este tipo de situaciones. Es importante mencionar que el FOGASA actúa como una garantía limitada, no cubre la totalidad de las cantidades adeudadas en todos los casos, sino hasta los límites establecidos en la legislación. En este artículo se desglosarán qué retribuciones e indemnizaciones garantiza el FOGASA y los límites para 2024. ¿Qué retribuciones e indemnizaciones garantiza el FOGASA? En las siguientes líneas se recogen los conceptos que garantiza el FOGASA, de acuerdo con el art. 33 del Estatuto de los Trabadores: - Salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimientos concursales, con un límite de 120 días y en una cantidad máxima que no supere el doble del SMI diario, incluyendo la prorrata de pagas extraordinarias. - Indemnizaciones reconocidas como consecuencia de Sentencia, acto de conciliación judicial o resolución administrativa, la cantidad que resulte de aplicar el doble del SMI diario incluyendo la prorrata de pagas extraordinarias, por el número de días de indemnización pendientes de pago y con el máximo. ¿Qué límites se establecen para 2024? El salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 se ha fijado en 1.134 euros/mes, por lo que el SMI diario es de 37,80 euros y, el doble del SMI, que servirá de base de cálculo de las prestaciones del FOGASA, será de 87,79 euros diarios. Sabiendo esto, los límites de las prestaciones salariales e indemnizatorias del FOGASA que se produzcan desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024, serán como sigue: - SMI diario: 37,80 euros - Doble del SMI: 87,79 euros - Límite prestaciones por salarios (120 días): 10.534,80 euros - Limite prestación por indemnización: 32.043,35 euros Veámoslo más claro con un ejemplo. Consideremos el caso de Juan, un trabajador cuyo salario diario es de 92,00 euros incluyendo la prorrata de pagas extraordinarias y a quien su empleadora, que ha sido declarada insolvente, le adeuda 2 meses de salario y una indemnización por despido improcedente de 3.680,00 euros reconocida en Sentencia, equivalente a 40 días de salario. A Juan le adeudan 2 meses de salario; suponiendo 30 día por mes, el total adeudado sería de 92,00 euros x 30 días x 2 meses, es decir, 5.520,00 euros. Lo primero que llama la atención es que el salario diario de Juan supera el doble del SMI, 87,79 euros, que es la cuantía máxima por día que abona el FOGASA, por tanto, la prestación por salarios del FOGASA que percibirá Juan es de 87,79 x 30 x 2, es decir, 5.267,40 euros, cantidad inferior al monto adeudado. ¿Y qué ocurre con la indemnización? pues que aquí la indemnización no supera una anualidad, pero igualmente se ha de calcular tomando como base de cálculo el doble del SMI, 87,79 euros, por tanto, estos 40 días de indemnización que le corresponden se abonarán a razón de 87,79 euros diarios, resultando una prestación por indemnización de 3.511,60 euros, a pesar de que la indemnización es ligeramente superior. Conclusión Vemos así, como la actualización de los límites del FOGASA adapta las prestaciones a la situación económica de los trabajadores, reforzando su papel crucial como garantía para los trabajadores afectados por una situación de insolvencia empresarial. Si usted se encuentra en una situación similar y quiere recibir asesoramiento legal, no dude en ponerse en contacto con el despacho.

Cuando una relación laboral acaba, ya sea por despido, mutuo acuerdo, dimisión del trabajador, jubilación, etc., la empresa debe entregar al trabajador el FINIQUITO. Este documento no solo marca el fin que la relación laboral, sino que también puede tener efectos significativos para el futuro del trabajador y la empresa. A continuación, presentamos cinco consejos esenciales que le ayudarán a enfrentar este proceso con seguridad garantizando que sus intereses estén protegidos. 1.- Verificación completa de las cantidades adeudadas. El finiquito ha de incluir: a) El salario de los últimos días trabajados del mes en que se produzca el cese. b) Las pagas extraordinarias c) Las vacaciones no disfrutadas d) Percepciones no salariales adeudadas como prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, Indemnizaciones por traslado, por despido, etc. e) Otras pagas extraordinarias reguladas en el Convenio Colectivo; nos referimos aquí a las pagas de beneficios o incentivos. f) Posibles indemnizaciones, como puede ser el caso de algunos contratos de duración determinada. Sabiendo esto, lo primero que debe hacerse es asegurarse de que están todos incluidos y que las cuantías son correctas. 2.- Entender las implicaciones legales. Con la firma del finiquito el trabajador reconoce que no queda ningún saldo pendiente por recibir y que las partes no tienen nada más que reclamarse por ningún concepto. El finiquito normalmente incluye una cláusula que suele venir redactada en los siguientes términos o similares: “El suscrito trabajador cesa en la prestación de sus servicios por cuenta de la empresa y recibe en este acto la liquidación de sus partes proporcionales en la cuantía y detalle que se expresan al pie, con cuyo percibo reconoce hallarse saldado y finiquitado por todos los conceptos con la referida empresa, por lo que se compromete a nada más pedir ni reclamar.” Por tanto, el finiquito actúa como recibo del pago de los conceptos en él incluidos y su firma tiene efecto extintivo y liberatorio para la empresa. 3.- No apresurarse a firmar ni sentirse presionado a hacerlo. En la práctica, lo habitual es entregar el finiquito el último día en el que el trabajador acude a su puesto de trabajo. Se ha de extremar la precaución antes de firmar el finiquito, comprobar que incluye los conceptos antes especificados y ser consciente de que su firma implica la extinción de la relación laboral y actúa como recibo del pago de los conceptos en él incluidos. Si quedan dudas, no se está de acuerdo o simplemente el trabajador quiere tomarse un tiempo para revisar el documento detenidamente antes de firmar, ha de saber que no está obligado a firmarlo en el momento en que la empresa se lo entrega, que puede dejar constancia de su disconformidad en el momento de la firma o, incluso no tiene un por qué firmar. 4.- Solicitar una copia del documento firmado. Una vez firmado el finiquito, asegúrese de obtener una copia del mismo. Este documento será esencial para cualquier trámite futuro o para emprender acciones judiciales, ya que se podrán reclamar los conceptos que deberían haberse incluido según el trabajador y no se ha hecho. 5.- Reclamar si es necesario. Si no se firma el finiquito, si éste no recoge todos los conceptos adeudados (por ejemplo, no contempla cantidad alguna en concepto de vacaciones pendientes) o, si la empresa incumple su obligación de entregar el finiquito al trabajador, se dispone de UN AÑO para reclamar; una vez pasado este plazo, las cantidades prescribirán. Para reclamar se ha interponer solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación de cada Comunidad Autónoma (en Illes Balears, TAMIB). Si en el acto de conciliación hay acuerdo con la empresa, las cantidades acordadas se abonarán al trabajador; si no hay acuerdo no las cantidades reconocidas no se llegan a abonar se deberá acudir al Juzgado Social. En conclusión , firmar un finiquito es un trámite significativo que debe abordarse con cuidado. Seguir estos cinco consejos le ayudará a entender el alcance de su firma y como protegerse ante abusos. Si tiene dudas o necesita asesoramiento específico, no dude en contactar con el despacho para recibir orientación jurídica personalizada.